Para el Estado de Guatemala constituye una obligación institucional y un reto trascendental la generación de una política migratoria integral en materia migratoria, que genere directrices para atender las causas que motivan la migración desde Guatemala y atienda las consecuencias del fenómeno migratorio de forma integral, considerando la complejidad del fenómeno migratorio, dijo Alejandra Gordillo secretaria de dicha institución. La funcionaria declaro que “Actualmente el Estado guatemalteco no cuenta con una Política integral en materia migratoria y con la creación y consolidación del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala como ente gubernamental que coordina, define, supervisa y fiscaliza las acciones de las entidades del Estado que atienden el tema migratorio, se trabaja en la elaboración de dicha política, estando avanzada en un 80% la misma.

La política migratoria por lo que se requiere de la plena voluntad de los diversos actores institucionales que tienen atribuciones para la atención del tema migratorio en Guatemala, a quienes debe sumarse sectores a quienes el Estado no ha tomado en consideración para el abordaje del tema entre ellos la sociedad civil tanto en Guatemala, como de guatemaltecos en los Estados Unidos de América y otros países, sector religioso, universidades y otros centros de investigación, así como al sector empresarial, cuya función social debe ser la promoción de la inversión y el empleo en Guatemala.

Las instituciones a cargo de la planificación y el desarrollo nacional, tienen una labor de primer orden en la implementación de esta política, con el objeto de generar los cambios desde los procesos de planificación con enfoque de desarrollo.

El Organismo Ejecutivo, por medio de -CONAMIGUA- trabaja arduamente en la construcción de la política pública integral en materia migratoria, con el pleno convencimiento que su implementación será posible sólo con el concurso de todos los sectores que por disposición de la Ley o por prácticas válidamente adoptadas, y que les corresponda participar en su ejecución como parte del Estado, concluyó Gordillo.