El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), la entidad que supervisa la extracción en el 32% del área total de bosques amazónicos, estima que entre 2009 y 2013 la extracción ilegal ascendió a más de 31 millones de dólares. La Interpol, sin embargo, indica que el país pierde unos 250 millones anuales por ese delito; es decir, 1.5 veces de lo que obtiene la industria legal.

Denunciar este delito es firmar su sentencia de muerte ya que el 1 de septiembre cuatro ciudadanos de la etnia asháninca fueron asesinados en la frontera de la selva amazónica entre Perú con Brasil. Uno de ellos había sido amenazado el año pasado por denunciar, con pruebas, la tala ilegal de madera en su comunidad, ubicada en el departamento de Ucayali, en la zona oriental de Perú. Una batalla que se prolonga desde hace años.

En el 2012, un informe de Environmental Investigation Agency (EIA) demostró que el sistema de concesiones en Perú es corrupto y opera con información falsa, incluso cuando se trata de la exportación a EE UU de especies protegidas internacionalmente, como el cedro y la caoba.

Las mafias han encontrado una nueva forma de operar: obtienen autorización de los Gobiernos regionales para sacar madera que sea producto de arrastre de río. Osinfor no tiene competencia para fiscalizar ese rubro, pero describe que para las maderas que por sus características no pueden flotar hay “una utilización indebida de esta modalidad”, para la cual no hay límite de autorizaciones. El volumen de extracción por arrastre de río se incrementa cada año.*Información de la página web del Pais.com